10 de diciembre de 2025
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Crisis en el pádel gallego: la Justicia Deportiva inhabilita a su presidente

Parece que los problemas se ceban con el pádel nacional en los últimos tiempos. Al largo proceso electoral que se está viviendo en el seno de la Federación Española de Pádel se suma ahora la información publicada por los compañeros del diario Faro de Vigo y de la cual hemos podido comprobar su veracidad.

Según los documentos a los que hemos tenido acceso, el Comité Gallego de Justicia Deportiva ha impuesto una inhabilitación de ocho meses al presidente de la Federación Gallega de Pádel, don Manuel Fernández Prado, debido a un supuesto préstamo de 50.000€ que el presidente habría conseguido con interés 0%, con cargo a los fondos de una federación deportiva y con vencimiento a cuatro años prorrogables, cuyo objetivo no era otro que «atender el pago urgente de un préstamo hipotecario personal del presidente».

Inhabilitación presidente Federación Gallega de Pádel 2025
Manuel Fdez. Prado entregando los títulos de campeones (Fed. Gallega de Pádel)

El crédito a priori fue aprobado por la Junta Directiva el 23 de diciembre de 2022, y se incorporó a la contabilidad del ejercicio 2023 como «inversiones financieras a largo plazo», cuentas que un año después, el 25 de junio de 2024, serían aprobadas por la Asamblea General, si bien el préstamo fue devuelto de manera anticipada en noviembre de ese mismo año.

Según comentan los compañeros del diario Faro de Vigo, el presidente ha admitido que formulará recurso ante la justicia debido a que «no habría existido perjuicio sobre la Federación», por más que el Comité Gallego de Justicia Deportiva, en su sesión de este pasado 13 de noviembre, decidiera por unanimidad la designación de una «infracción muy grave tipificada en el artículo 116, letra ñ) de la Ley 3/2012 del Deporte de Galicia («el abuso de autoridad o el aprovechamiento particular e ilegítimo del cargo»), proponiendo una sanción de inhabilitación de ocho meses para ocupar cargos en cualquier federación deportiva». Además, subsidiariamente se solicitaba una reducción de la sanción prevista para infracción grave (multa de 1.000 € o inhabilitación de un mes) considerando la ausencia de prejuicio económico y de la cancelación anticipada.

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